La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) reveló nombres de cientos de personalidades implicados en el manejo de operaciones offshore.
La noticia sorprendió a la Argentina, ya que el mismo presidente Mauricio Macri fue mencionado como parte de una de las compañÃas constituidas en un paraÃso fiscal, junto a su padre, Franco, y su hermano Mariano.La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue una de las primeras funcionarias en defender al mandatario, al asegurar que "constituir una sociedad en un paraÃso fiscal no es un delito en sà mismo".Y el Gobierno salió rápido con un comunicado a aclarar que, si bien el mandatario formó parte de una sociedad familiar offshore radicada en Bahamas, Fleg Trading Ltd., pero explicó que fue "designado ocasionalmente" como director y que "nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa empresa".Además, argumentó que "no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad, por lo que no corresponde incluirla".Ahora bien, si instalarse en un paraÃso fiscal no constituye ningún delito, cabe preguntarse por qué esta operatoria es tan cuestionada en el mundo y son muchos los gobiernos que intentan erradicarlos.La respuesta es simple: estos lugares ofrecen grandes ventajas impositivas para aquellas sociedades que se instalen allÃ. Por lo general, o pagan alÃcuotas irrisorias o directamente no abonan ningún tributo.Técnicamente, los "paraÃsos fiscales" son paÃses, estados asociados, territorios, jurisdicciones, dominios o regÃmenes legislativos especiales que tienen una competencia tributaria perjudicial en términos de intercambio con otras naciones.En general, son lugares con pequeña dimensión y con pocos recursos económicos, motivo por el que sus gobiernos adoptan polÃticas dirigidas a fomentar la inversión extranjera mediante incentivos fiscales. Las sociedades offshore
Pero no sólo es una cuestión impositiva. Por el contrario, estas jurisdicciones también suele contar con una legislación mercantil extremadamente flexible. En efecto, crear una sociedad offshore en un paraÃso fiscal es extremadamente sencillo y rápido.A diferencia de lo que sucede en la Argentina, estas no tienen establecidos valores máximos o mÃnimos de capital. Otra de las discrepancias sustanciales con el sistema argentino es que las acciones emitidas son al portador. Esta caracterÃstica otorga un total anonimato, ya que no existen registros públicos donde se determine quiénes son los socios o accionistas de una sociedad. Dicho de otra manera, no es obligatorio revelar quiénes son los verdaderos dueños.Las offshore también cuentan con otras diferencias. Por caso, no es necesario tener un lugar de trabajo en el paraÃso fiscal, sino que basta con tener un representante local que efectúa los trámites de constitución, registro y mantenimiento. Tampoco son necesarias las reuniones de accionistas ya que no existe ninguna obligación de este estilo y mucho menos la de llevar la contabilidad o presentar declaraciones juradas del impuesto a la renta.Precisamente estas son las caracterÃsticas que las hacen tentadoras no sólo para aquellas personas que desean reducir el pago de impuestos, sino también para los que intentan lavar dinero de actividades ilÃcitas.Por ende, lo importante es determinar cuál es el motivo y cuáles son las caracterÃsticas por las que se constituye una sociedad offshore en un paraÃso fiscal, para determinar si se existe o no un delito.Si una persona instala una compañÃa en una de estas jurisdicciones para triangular operaciones (es decir, vende a un precio menor a un paÃs y luego lo revende a otro para pagar menos impuestos), entonces puede existir un delito (en este caso, evasión). Lo mismo sucede si las sociedades offshore sirven para mover fondos de operaciones relacionadas con el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción de los paÃses de origen a aquellos donde existe secreto bancario.Pero lo cierto es que es necesario detectar cómo son las operaciones para determinar si existe o no un delito y, sobre todo, si las compañÃas constituidas en los paraÃsos fiscales fueron utilizadas para facilitar estos ilÃcitos.
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