El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Iván Budassi, presentó una denuncia penal contra 21 supermercados cuyos dueños son de origen chino que, según surge de una investigación realizada por el Fisco, "habrÃan falsificado documentación con la intención de evadir el pago de sus obligaciones como contribuyentes de Ingresos Brutos", dijo la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Budassi subrayó que "las firmas involucradas poseen domicilio fiscal en las localidades de Quilmes, Lanús, Temperley, Lomas de Zamora, Banfield y Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y explicó que "usaban certificados apócrifos para ser excluidas del régimen de percepción y retención, a través del cual los agentes de recaudación deben recibir de los contribuyentes, en este caso los autoservicios, pagos a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos".
"De esta forma, cuando los supermercados denunciados realizaban compras en distribuidoras o mayoristas, que actúan como agentes del Fisco, entregaban documentación falsa al proveedor, que los exceptuaba del mecanismo de percepción y por ende evitaba que les cobren el tributo correspondiente", explicó ARBA en un comunicado.
La Agencia hizo saber que al referirse a la denuncia, el titular de ARBA destacó que "nuestra investigación comenzó a partir de las dudas que surgieron en una empresa distribuidora, respecto de la veracidad de los certificados fiscales que habÃan presentado algunos de estos supermercados cuando realizaron compras en el lugar".
Los agentes impositivos detectaron que "ninguno de estos contribuyentes" habÃa tramitado ante el organismo la exclusión del régimen ni se encontraba en condiciones para acceder a ese beneficio, "confirmando" que se trataba "prima facie" de una maniobra de falsificación.
A partir de entonces, el Fisco concretó una denuncia penal en la fiscalÃa descentralizada de Avellaneda, del departamento
judicial de Lomas de Zamora, "por los presuntos delitos de falsedad d documento público y uso de documento falsificado", según puntualizó Budassi.
El artÃculo 292 del Código Penal dispone para estos ilÃcitos una pena de prisión de uno a seis años, si se trata de la
adulteración de un instrumento público y de seis meses a dos años, en caso de un documento privado, según consignó DyN.
Budassi sostuvo que "los indicios recolectados nos hacen suponer que el propósito de fraguar los certificados perseguÃa dos fines: por un lado, evadir los alcances del sistema de retenciones y percepciones. Y por otro, obstaculizar los cruces de datos que realizamos en ARBA sobre compras y ventas de los contribuyentes, para analizar la veracidad de sus declaraciones juradas de Ingresos Brutos".
ARBA recordó que la documentación que posibilita a los contribuyentes solicitar la exclusión del régimen de percepción yPowered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed,
