Blanqueo: el proyecto deja la puerta abierta para que Floren

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Blanqueo: el proyecto deja la puerta abierta para que Florencia Kirchner y los hijos de López puedan exteriorizar,
La prohibición para que determinados funcionarios y parientes no pudieran exteriorizar fondos fue uno de los puntos que más críticas recibió y uno de los motivos que llevó a introducir una de las primeras modificaciones que sufrió el proyecto de blanqueo. 
No obstante, la reforma quedó corta y, tal como está redactada, deja la puerta abierta para que Florencia Kirchner o los hijos del ex secretario de Obras Públicas, José López, puedan adherir al régimen de "sinceramiento fiscal".En un primer momento, cuando la iniciativa oficial recién había ingresado al Congreso, no sólo la oposición se levantó en contra del apartado que le permitía blanquear a quienes se desenvuelven en la función pública, sino que también fue cuestionado dentro del mismo Cambiemos.Precisamente, la portavoz de los ataques más fervientes contra este punto fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien advirtió que sería "un escándalo moral" que los funcionarios pudieran exteriorizar fondos.Es que el texto original de la propuesta que presentó el equipo económico de Maurcio Macri permitía que "sinceren" bienes no declarados el Presidente, Vicepresidente, Diputados y Senadores, por ejemplo.Las quejas tuvieron su efecto: antes de que sea discutido en Diputados -incluso, previo a que la Cámara baja le diera media sanción a la propuesta oficial- se excluyó del régimen a los altos empleados que se desempeñan en cualquiera de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).La limitación incluye hasta desde los altos rangos de las fuerzas armadas -Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, entre otras- hasta los rectores, decanos y secretarios de universidades nacionales, provinciales o municipales. Sin embargo, los cambios introducidos en la propuesta original respecto a los familiares de estos funcionarios, fueron tan limitados que terminan ampliando el espectro de personas relacionadas con alguno de los poderes que está en condiciones de blanquear.Esto es así porque el artículo 83 -que fue aprobado por Diputados y que se convertirá en ley con el visto bueno de Senadores- fija que sólo quedarán excluidos los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados.

Dicho de otro modo, limita la exclusión a sólo tres casos puntuales. En consecuencia, abre por oposición la posibilidad a muchos otros familiares de funcionarios en ejercicio o retirados a formar parte del próximo blanqueo.La problemática actual
Advertido por este punto, el abogado Diego Fraga resaltó que "hasta los hijos de los funcionarios podrían blanquear, ya que la restricción que existe al respecto se centra sólo en los menores emancipados".Y añadió: "De esta manera, Florencia Kirchner podría blanquear bienes de la madre -Cristina Fernández de Kirchner- y también los hijos del ex secretario de Obras Públicas, José López, podrían exteriorizar fondos".Dicho de otra forma: si no hay modificaciones, podría terminar ingresando al sistema legal dinero o bienes que fueron obtenidos a través de actividades ilegales, como la corrupción, la asociación ilícita o el narcotráfico.No hay que olvidar que la iniciativa permite a las personas humanas o sucesiones indivisas declarar los bienes registrados o en posesión de cónyuges, ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad e, inclusive, terceros (es decir, testaferros).El socio de RCTZZ también aseguró que la lista de los familiares que pueden adherirse al "sinceramiento fiscal" -al excluir sólo a cónyuges, padres e hijos menores emancipados- no termina allí. Por el contrario, según explicó Fraga, también pueden sumarse los abuelos, los convivientes (en uniones convivenciales), nietos, tíos, primos y los parientes políticos (por ejemplo, suegros y cuñados).Del mismo modo opinó Florencia Fernández Sabella, quien manifestó que "mientras que, por un lado, el proyecto afirma la exclusión de hijos menores emancipados, por el otro, reafirma la posibilidad de que los hijos mayores de estas personas puedan adherirse en los términos del blanqueo".La integrante de del estudio Laiún - Fernández Sabella - Smudt remarcó que se pueden sumar los beneficios del artículo 82 (que permite declarar bienes a nombre de ascendientes o descendientes en primer y segundo grado de afinidad) con el del 83.De esta manera, según explicó la especialista, "nada impediría entonces que determinados funcionarios tengan la posibilidad de adherirse al blanqueo a través de hijos mayores por bienes que en la actualidad le son propios, pero en un futuro heredarán sus hijos"."Pierde sentido la limitación prevista tanto en el artículo 83 como en el 82, ya que determinados funcionarios públicos podrían simultáneamente blanquear patrimonio no declarado y resolver problemas hereditarios", concluyó.Esteban Aguirre Saravia manifestó que "llama la atención que no sólo no se hayan ampliado las prohibiciones a parientes -respeto a los blanqueos anteriores-, sino que en el actual proyecto de sinceramiento se la haya reducido".El integrante del departamento de impuestos de Aguirre Saravia & Gebhardt, recordó que en los regímenes del 2008 y 2013 se estableció expresamente que no podrían adherirse los que ejerzan o hayan ejercido la función pública.Además, en esos blanqueos, se excluyó a los cónyuges y a los parientes en primer grado de consanguinidad, ascendente o descendente. Es decir, que tuvo muchas más restricciones sobre este punto.Posibles soluciones
Pese a la problemática que existe con el texto que puede ser convertido en ley, los expertos consultados por este medio no perdieron las esperanzas de que la situación se pueda revertir con la reglamentación."En todo caso, si se decidiese que los parientes directos de un funcionario deberían tener la posibilidad de regularizar su situación ante el fisco, debería exigírseles una mínima demostración del origen de los fondos", remarcó Fraga.De esta manera, existiría un mecanismo que le posibilite al Estado obtener alguna garantía de que una persona no se está exteriorizando dinero proveniente del paso de algún pariente por la función pública. Para el socio de RCTZZ también debería excluirse de la posibilidad del blanqueo a los parientes de quienes resulten procesados por determinados delitos como, por ejemplo, trata de personas, narcotráfico o contrabando.Desde la visión de Fraga estos puntos podrían ser subsanados con la reglamentación y con la instrumentación práctica del blanqueo, dándole recursos a la UIF, para que pueda diferenciar con un alto grado de precisión el dinero "negro" del dinero "sucio". "Esto también podría tener un efecto disuasorio frente a aquellos funcionarios o ex funcionarios que pretendan blanquear a través de terceros", concluyó el abogado.Aguirre Saravia recordó que el sinceramiento fiscal se inscribe en un contexto internacional caracterizado por un nivel de transparencia en materia de información financiera de tal magnitud, que hizo que más de 100 países otorgaran a sus ciudadanos "amnistías fiscales". Por este motivo, para el especialista de Aguirre Saravia & Gebhardt Abogados, es importante y hasta imprescindible aprender de la experiencia de otras naciones que implementaron blanqueos en los últimos años. En España, por ejemplo, trascendió que la Hacienda española extrajo una lista de unos 700 ciudadanos -de un total de 30.000 contribuyentes que se incluyeron en la amnistía tributaria- que son o fueron funcionarios. Había jueces, embajadores y ex altos cargos como Rodrigo Rato (ex director del FMI).El resultado: se envió el detalle al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, que depende del Ministerio de Economía ibérico, para que investigue el origen de los fondos regularizados por estas personas. "En consecuencia, si el proyecto saliera tal como fuera aprobado por Diputados, debería preverse un sistema de control amplio y cruzado para eventualmente analizar el origen de los fondos en casos de parentesco con funcionarios públicos", concluyó Aguirre Saravia.La propuesta se convertirá en ley. Pero queda claro que habrá que esperar para ver cómo se implementa y hasta qué grado podrá la reglamentación de la norma poner algunos límites para evitar que se blanquee dinero mal habido.
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