La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo de primera instancia en favor de la diputada Margarita Stolbizer, mediante el cual se obliga a la Inspección General de Justicia (IGJ) a brindar información pública sobre la empresa Hotesur, que administra los hoteles de la familia de la presidenta Cristina Kirchner.
La resolución fue de los jueces de la Sala IV, Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti, en la acción judicial de Stolbizer contra la IGJ por acceso a la información pública.
La diputada y ex candidata presidencial, cuyas denuncias dieron origen a la causa Hotesur, donde se investiga presunto lavado de dinero en esos hoteles, habÃa planteado un amparo para acceder a datos de la IGJ sobre esa compañÃa.
"Stolbizer habÃa denunciado un accionar arbitrario e ilegÃtimo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que denegó el acceso a la información solicitada"
La Cámara, al avalar el reclamo de Stolbizer, recordó que "el juez de grado se apartó de lo dictaminado por la fiscal y entendió que la demandada no cumplió plenamente con su obligación de brindar la totalidad de la información requerida por la actora", según el fallo publicado el miércoles por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Además, el juez habÃa argumentado que "las respuestas brindadas por el organismo resultan ambiguas y dilatorias".
El amparo en primera instancia habÃa sido concedido por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 9 Pablo Cayssials, quien de tal manera ordenó al Estado Nacional a brindar información pública vinculada a la empresa Hotesur S.A. en el término de 10 dÃas.
El fallo fue apelado por el Gobierno, y ahora la Cámara avaló la resolución del magistrado que, se presume, volverÃa a ser objetada por el organismo estatal.
El juez habÃa ordenado a la IGJ proporcionar a la legisladora "los estados contables presentados por la sociedad mencionada y a facilitar copias de todas las actuaciones que obran en poder del organismo respecto de aquélla, en los términos de los artÃculos 8, 9 y concordantes del Anexo VII, del Decreto 1172/03".
Stolbizer habÃa denunciado "un accionar arbitrario e ilegÃtimo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que denegó el acceso a la información solicitada".
Asimismo, habÃa argumentado el antecedente de una medida judicial por la que se obligó al Estado Nacional -justamente a través de la Inspección General de Justicia- a brindar información sobre la empresa Ciccone Calcográfica.
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