Dos resoluciones recientes de la Inspección General de Justicia (IGJ) facilitarán la lucha contra el lavado de dinero.
Por un lado cualquier persona o empresa, podrá tener acceso a la información registral de sociedades nacionales o constituidas en el extranjero; y de fundaciones y ONGs, así como de contratos asociativos o fideicomiso, presentando una nota simple manifestando ese requerimiento, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.
El funcionamiento de este mecanismo de consulta permite acceder a cuestiones fundamentales, como la determinación de los titulares, accionistas, (personas humanas o jurídicas) tanto nacionales como del exterior, explicó Daniel Razzetto, de RSM Argentina.
Con este procedimiento que ha recuperado la IGJ, ahora los legajos de clientes, que deben realizar los Sujetos Obligados por disposiciones de la UIF, se podrán completar sin dificultad cuando se trate de titulares del exterior, por ejemplo, añadió Razzetto a El Cronista.
Otro modo en que se da esta cooperación de la IGJ a la lucha contra el lavado es la Declaración Jurada Sobre Beneficiario Final, que deben presentar las empresas a la IGJ. A través de esa presentación se sabe quién es el dueño o accionista que posee más del 20% del capital social y/o poder de decisión dentro de la sociedad.
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