La media sanción en la Cámara de Diputados de la ley Bases, en su capitulo laboral, incluye la definición de una nueva figura: el trabajador independiente con colaboradores. La advertencia por la posible llegada de este fenómeno radica en un dato que ofrece la Universidad Nacional de San Martib (UNSAM): el 55% de los trabajadores informales trabajan en pymes que tienen hasta cinco empleados.

La reforma laboral se da en un contexto de caída del empleo de calidad. Según el último informe del SIPA, en enero se contabilizaron 10,27 millones de personas asalariadas registradas y otras 3,10 millones de personas con trabajo independiente, o sea monotributistas y autónomos.

Mientras que el conjunto de trabajadores asalariados formales cayó un 0,7% ese mes, lo que implica 68.800 bajas, creció el trabajo independiente en un 1,9%. Los 35.200 trabajadores autónomos que se sumaron de diciembre a enero protagonizaron la suba. La cantidad de aportantes al Monotributo subió un 1,7%, mientras que el Monotributo Social -de crecimiento abrupto durante la pandemia- bajó 1,9%.

Mejorar el mercado del trabajo: un desafío

Estos datos, sumado a una pérdida de poder adquisitivo de 20 puntos para el sector privado y 80 puntos para el sector público (comparación febrero interanual de IDEPI-UNPAZ), denota la urgencia de poner en debate cómo mejorar el mercado de trabajo.

Sin embargo, el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la UNSAM entiende que esta reforma laboral no apunta a ese objetivo. “No combate la informalidad, la legaliza”, asegura Matías Maito, director de la institución.

El especialista apunta en un informe del CETyD contra la figura del trabajador independiente con colaboradores, desde este lugar: “Mitad de los informales trabaja en empresas de menos de 5 empleados. En vez de formalizarlos, la reforma permite que los contraten como monotributistas”.

Figura del trabajador independiente con colaboradores: así funciona

Según el proyecto de Ley, esta figura que se introduce se basará en una relación autónoma, pero sin registrar vínculo de dependencia entre ellos, ni con personas que contraten servicios u obras. Incluirá el aporte individual de una cuota mensual: “un monotributo ampliado a la ART”, resume el politólogo Sebastián Etchemendy.

A las unidades productivas de entre 1 y 5 trabajadores se les permite, además, considerar hasta un año como período de prueba, aunque solo por convenio colectivo. Para el CETyD este punto “favorece la alta rotación” (despido, contratación, despido, contratación para cubrir el mismo puesto), sobre todo, en actividades con alta participación de los jóvenes.

Pero los capítulos IV y V de la Ley Bases ofrecen también otras medidas que agravan el nivel de precarización, pese a mantener el espíritu contrario: elimina todas las multas por trabajo informal, legaliza y tarifa el despido discriminatorio, propone el Fondo de Cese, favorece la tercerización laboral ya que limita la responsabilidad de empresas no usuarias y en el sector agrario introduce el período de prueba a cargo del sindicato.

Señalan que favorece el trabajo informal

Por estos puntos, la CETyD entiende que la reforma “favorece la contratación informal, genera imprevisibilidad, aumenta la litigiosidad (ante la falta de sanción, la Justicia puede ordenar el pago de los salarios adeudados y no registrados) y los trabajadores debidamente registrados en pymes de hasta 5 empleados “podrían ser despedidos y recontratados como independientes”.

Según el economista especialista en desarrollo productivo, Leandro Mora Alfonsín, en los últimos 15 años la informalidad en Argentina pasó del 32% “a prácticamente la mitad en la actualidad”.

“El empleo de calidad tiene que ser una ambición de política pública. La figura de colaboradores puede aplicar a segmentos sectoriales, pero puede consagrar o reforzar relaciones laborales débiles y asimétricas”. A su vez, reconoce que el alto nivel de litigiosidad (reconocida como “industria del juicio”), es un problema grave, pero la solución “está en mejorar procesos del fuero judicial”. “Hay que ser muy cuidadosos con normativas que no redunden en soluciones, sino en agudizar problemas o crear nuevos”, concluye el economista.